Abogado Alejandro Chaparro fue quien presentó el recurso de protección.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, dictó sentencia definitiva respecto del caso de los once funcionarios de la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, acogiendo el recurso de protección que presentaran con fecha 29 de junio, junto el abogado Alejandro Chaparro Uribe.
Dicha acción judicial daba cuenta del alejamiento de sus cargos de forma ilegal y arbitraria, al no existir antecedentes concretos y suficientes que motiven la desvinculación, lo que fue acogido por la Corte de Apelaciones, tribunal que ordenó que los funcionarios Juan Cubillos Meza, Paola Font Flores. Ernesto Sanz Miranda, Moisés Espinoza Escobar, Juan Ríos Paniagua, Pablo Olivares Cifuentes, Verónica Marín González, Álvaro Flores Urbina, Fernando Rodríguez Sánchez, Mauricio Cruz Vergara y Pilar García de la Vega, deberán continuar en sus cargos hasta el 31 de diciembre del año 2010.
El abogado Chaparro, manifestó su satisfacción por el fallo toda vez que, con éste, se obtuvo lo que efectivamente se buscaba, es decir, “que los funcionarios públicos continuaran sirviendo hasta la fecha en que vence su designación”.
Chaparro expresó también su preocupación porque hechos como los vividos por los trabajadores de la Educación se están replicando en otras reparticiones públicas.
“Las autoridades del nuevo gobierno han procedido a desvincular a los funcionarios sin cumplir con los más mínimos requisitos que establece nuestro ordenamiento jurídico, lo que nos parece muy grave”, concluyó.
Por otra parte, (El Mostrador ) una querella contra quienes resulten responsables de la doble negligencia médica que afectó a dos menores al interior del Hospital Santo Tomás de Limache, en la Región de Valparaíso, presentó este mediodía ante el tribunal de garantía de esa ciudad el abogado Alejandro Chaparro, en representación las madres de los niños.
Las querellantes son Ivonne Donoso Sáez, progenitora de Joaquín Hernández Donoso de 11 años, y Luz Maria Rojas, madre de Licanray Rayen Maturana de 16 años.
Según la acción judicial, los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto cuando ambos menores llegaron a atenderse con especialistas del área dental para realizarse tratamientos médicos.
El documento agrega que, sin embargo, en ambos casos no se utilizó agua para efectos de la limpieza bucal de los pacientes sino un ácido que se ocupa para desinfectar cada uno de los utensilios dentales.
En la querella, se explicita que las consecuencias de este error significaron que ambos menores terminaran con sus lenguas, paladar y gargantas quemadas, provocando una serie de molestias y un nuevo tratamiento para solucionar las lesiones.
Al respecto, el abogado Chaparro manifestó que “creemos que esto es, a lo menos, una negligencia inexcusable por parte del personal médico del Hospital Santo Tomás de Limache. Aquí se produjeron daños graves en el caso particular de los dos niños y, por lo tanto,estamos solicitando que se aplique la sanción máxima que estima la ley”.
El profesional agregó que posteriormente se presentará la demanda civil correspondiente para que se repare económicamente a las familias por estos hechos.
