Por: Ricardo Solé Cerda
El día viernes 29 de Enero, el Diario Oficial, publicó la Resolución que declara la cancelación de la legalidad de 7 partidos políticos, de los 14 existentes a diciembre de 2009, y que participaron en la elección parlamentaria. Estos son:
El día viernes 29 de Enero, el Diario Oficial, publicó la Resolución que declara la cancelación de la legalidad de 7 partidos políticos, de los 14 existentes a diciembre de 2009, y que participaron en la elección parlamentaria.
Estos son:
Partido Comunista de Chile, Partido Humanista, Partido Ecologista, Fuerza País, Partido Izquierda Cristiana de Chile, Chileprimero y Movimiento Amplio Social.
La razón legal: no haber alcanzado el 5% de la votación en las regiones en que se encuentran legalmente constituidos, o, en a lo menos, 3 de ellas que sean contiguas, y no haber elegido 4 parlamentarios en las elecciones del día 13 de Diciembre.
Todo esto en virtud de la ley Nº 18.603, de Partidos Políticos, una de las joyitas jurídicas del andamiaje antidemocrático impuesto por la dictadura y que se mantiene hasta hoy.
Cabe destacar que los partidos que conservan su legalidad forman parte de las 2 grandes coaliciones políticas, que han gozado, hasta ahora, de las bondades del binominalismo, sin realizar los esfuerzos necesarios para cambiarlo, faltando a todo tipo de promesas y compromisos realizados en ese sentido.
El Partido de los Regionalistas Independientes (PRI) conserva su legalidad, a pesar de elegir 3 diputados, igual que el Partido Comunista, pero obteniendo mas del 5% en 3 regiones contiguas.
A lo anterior es necesario agregar como dato relevante que entre 2004 y 2009, otros 9 partidos políticos iniciaron sus trámites de formación y no lograron concluirlos, por lo tanto fueron caducados, sin tener la posibilidad de participar de la vida política nacional.
Hasta aquí la fundamentación de lo resuelto por el Servicio Electoral y que se hace efectivo el 22 de Abril de 2010.
La ley de partidos políticos y todas las leyes del sistema electoral responden a la lógica antidemocrática de la dictadura de Pinochet, que busca coartar la participación de los ciudadanos de manara organizada en la política, colocando requisitos prácticamente inalcanzables para constituir y mantener partidos si no se tiene el dinero o el poder para ello.
En efecto, para constituir un partido que actúe en todo el país, se requiere reunir 36.317 firmas, ante notario, de personas inscritas en los registros electorales, en un plazo de 210 días.
Para lograr ese objetivo, MEO declaró haber gastado más de 30 millones de pesos en notarios, a lo que se debe agregar 70 millones de pesos en frases radiales y unos 20 millones más en impresos, gastos de envío, gastos administrativos, personal, etc.
Es decir, una campaña de firmas de alcance nacional cuesta más de 120 millones de pesos. Objetivamente, entrar al sistema político no es fácil.
Y si no es fácil entrar, tampoco lo es mantenerse, pues; como esta dicho, hay que elegir 4 parlamentarios o tener el 5% de la votación nacional, que, incluye los votos blancos y nulos, o tener el 5% en 3 regiones contiguas geográficamente.
EL CASO DEL PC.
En la pasada elección de diciembre de 2009 fue de público conocimiento que el PC realizó un acuerdo electoral con la Concertación cuyo propósito central era lograr romper y superar la exclusión del parlamento, lo que se tradujo en llevar candidatos en sólo 9 de los 60 distritos y, llevar candidatos realmente competitivos, con posibilidades de ser electos, en 4 distritos.
Por lo tanto al PC, políticamente, hay que medirlo por los 9 distritos donde tuvo candidatos y no por los 51 distritos donde no compitió.
Si revisamos las votaciones del PC en los distritos en que tuvo candidatos, los resultados superan con creces los porcentajes requeridos por la ley:
Hugo Gutiérrez, en el distrito 2, obtiene 28.217 votos, con el 30,31%.
Lautaro Carmona, en el distrito 5, obtiene 17.022 votos, con el 27,87%.
Guillermo Teillier, en el distrito 28, obtiene 49.040 votos, con 33,52%.
Cristian Cuevas, en el distrito 46, obtiene 22.326 votos, con 22,92%.
Es decir, donde los comunistas compitieron con posibilidades reales, de un universo de 397.895 votos en disputa, obtuvieron 116.205 votos, con un 29,30%. Casi 1 de cada 3 chilenos voto por un comunista.
Si a estas votaciones agregamos las obtenidas en los distritos 11 – 35 – 39 – 40 y 57 en que los candidatos comunistas acompañaban a los candidatos de la concertación, con casi nulas posibilidades de ser elegidos, las cifras indican lo siguiente: de un universo de 826.890 votos en disputa, la totalidad de candidatos del PC obtienen 134.318 votos, con el 16,24%, más de 3 veces lo que exige la ley para mantenerse dentro del sistema.
Otro dato político importante, que la ley no considera, es que el compañero Jorge Arrate, candidato del Juntos Podemos, del Frente Amplio y de muchos independientes de izquierda, pero que, legalmente, compite como candidato inscrito por el Partido Comunista de Chile, obtiene 433.195 votos, con 6,21%.
Este dato es relevante porque permite proyectar de alguna manera que si el PC hubiese llevado candidato en los 60 distritos habría obtenido una votación suficiente para mantener su legalidad.
Estos datos son un categórico desmentido, por si solos, a quienes han sostenido en estos días que es razonable que el PC pierda su legalidad porque no tiene respaldo de votos.
Todo lo anterior, demuestra que no puede ser democrática una ley que de una plumada elimina del sistema a 7 partidos de los 14 existente e impide la formación de 9 partidos en un corto período y que tiene altísimos requisitos para entrar al sistema y le exige a los partidos, cada 4 años, obtener altas votaciones o elegir 4 parlamentarios, guarismos difíciles de alcanzar por fuerzas políticas alternativas o emergentes, favoreciendo a los grandes partidos y coaliciones.
Un sistema democrático debe favorecer la asociación de todos los ciudadanos por sus ideas políticas y facilitar la más amplia participación en todos los asuntos de la vida nacional, tanto de las mayorías como de las minorías que quieran expresarse.
El artículo Nº 1 de la Ley de Partidos políticos señala: “Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático constitucional y ejercer una legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional”.
Parece ser un correcto enunciado, pero la propia ley se encarga de generar las trabas a su concreción y restringe la actividad de los partidos a las elecciones y al ejercicio del poder, restándoles todo rol en otras esferas de la vida nacional.
La legalidad del PC se puede reestablecer, porque es una fuerza política significativa, por su historia, por sus luchas, porque hoy tiene 3 diputados, 4 alcaldes, 47 concejales, varios consejeros regionales, cientos de dirigentes sindicales, sociales, de DD.HH., de la cultura, estudiantiles, juveniles, de mujeres, etc., en definitiva por su arraigo en la sociedad chilena.
Podemos juntar, una vez más, las 36.317 firmas a lo largo del país, podemos fusionarnos con otro partido en la misma situación o que se esté constituyendo o podemos presentar una iniciativa legislativa, apenas se instale el parlamento, que elimine las trabas antes descritas, cuestión de la cual ya existen precedentes.
Así mismo se requiere una modificación a las restricciones que la ley les impone a los dirigentes sindicales, quienes deben renunciar a sus cargos para ser candidatos y que luego los priva por 2 años para retomar sus cargos dirigenciales.
Aquí ya hay dos peleas que dar en el parlamento, apoyadas en la movilización social y en la demanda popular, que probaran la voluntad democrática de todos los sectores, sobretodo de la derecha, pues se requieren quórum calificados para implementarlas.
Pero lo que debe estar, en definitiva, en el primer lugar de la orden del día es la necesidad de generar las mayorías necesarias para lograr lo que 3 candidatos presidenciales sostuvieron en sus campañas y que quedara establecido en el compromiso asumido y concordado por las fuerzas que apoyaron a Arrate y Frei, traducido en 12 puntos, y que los encabeza, la necesidad del cambio de la Constitución Política pinochetista, en la cual esta normado el sistema electoral antidemocrático existente, y dar paso a un estado verdaderamente democrático, reemplazando al actual que sólo tiene espacios que merecen el calificativo de democráticos.
Para lograr ese objetivo la movilización social y la lucha parlamentaria irán, férreamente, de la mano.
