La actual Secretaria Municipal de El Quisco, junto al ex alcalde, José Miguel Carrasco, se encuentran a punto de ser acusados por Fraude al Fisco. La fiscalía solicitará 12 años de presidio mayor en su contra. Yolanda Marelene Catalán Marín, a través de su abogado, Víctor DeMaría Varas, solicitó la extinción de la responsabilidad penal atribuida en la investigación por Fraude al Fisco que la afecta junto al ex alcalde Carrasco y siete personas más.
Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 250 letra b) del Código Procesal Penal y en consideración a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que serán expuestos en dicha audiencia oral.
Esta causa de sobreseimiento definitivo se presenta cuando, de la investigación, resulta que el hecho investigado efectivamente tuvo lugar y que es típico, pero se establece la falta de participación del imputado en él. Esto es lo que deberá fundamentar el abogado Víctor DeMaría.
Para esto solicitó una audiencia y esta fue concedida, por el Juzgado de Garantía de San Antonio, para el 15 de marzo de 2013, a las 09:30 horas.
Marelen Catalán Marín está relacionada con la comuna de El Tabo al ser nuera del ex alcalde, Luis García Jofré y actualmente se desempeña como Secretaria Municipal en el municipio quisqueño bajo la administración de Natalia Carrasco quien, a su vez, es hija del ex alcalde José Miguel Carrasco. Este último fue destituido por los tribunales electorales el año 2008 por Notable Abandono de Deberes.
José Miguel Carrasco (PDC), y otras ocho personas son acusadas de tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta. El siguiente paso es realizar la notificación y fijar la fecha de la audiencia preparatoria para el juicio oral.
La Fiscalía de San Antonio ha resuelto, el pasado 31 de enero, acusar al ex alcalde de El Quisco, José Miguel Carrasco y ocho personas más, por el delito de Fraude al Fisco y Falsificación y Uso Malicioso de Instrumento público en la tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta, con un perjuicio para el Estado de 1.700 millones de pesos LNT.
Investigación RIT Nº2745-2010, RUC Nº1000120051-3
