Con la presentación de un querella criminal por la responsabilidad penal que le cabe a la empresa Kodama, como responsable del delito de cohecho, solicitando la disolución o la cancelación de la persona jurídica de la misma, o en subsidio se establezca la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado y se fije una multa proporcional a la gravedad de los hechos.
Con la presentación de un querella criminal por la responsabilidad penal que le cabe a la empresa Kodama, como responsable del delito de cohecho, solicitando la disolución o la cancelación de la persona jurídica de la misma, o en subsidio se establezca la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado y se fije una multa proporcional a la gravedad de los hechos.
El senador Alejandro Navarro se amparó en la Ley 20.393 para solicitar “que se investiguen los eventuales delitos cometidos por la empresa Kodama y no sólo los cometidos por sus ejecutivos”.
El presidente del MAS, primer denunciante en este caso dijo que “aunque es una ley relativamente reciente, que parece no haber sido aún utilizada en tribunales, nos parece que calza perfectamente con las características de este caso, toda vez que entre los delitos contemplados para determinar la responsabilidad penal de las empresas está el de cohecho, que a nuestro juicio y por los antecedentes públicos que obran en el proceso, está claramente acreditado, siendo su expresión más visible hasta ahora el famoso viaje del director jurídico del Minvu pagado por la empresa”.
Navarro sostuvo que “parece absolutamente relevante utilizar todas las herramientas legales que existen para enfrentar graves irregularidades como las detectadas, denunciadas e investigadas en el caso Kodama-Minvu, porque ciertamente rompe con esa tendencia natural de muchas empresas involucradas en hechos de este tipo de cortar siempre el hilo por lo más delgado, desvincular a algunos ejecutivos y seguir actuando como si nada hubiera pasado.
Como claramente lo señala la ley 20.393, la responsabilidad de las personas jurídicas es independiente de la responsabilidad de las personas naturales. Incluso cuando no es posible determinar responsabilidad penales individuales, la empresa igual puede ser sancionada penalmente”.
“Por eso -agregó- es que solicitamos que a través de la configuración del delito de cohecho se le apliquen a la empresa Kodama las sanciones establecidas en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, tales como la disolución o la cancelación de la persona jurídica de la misma, o en subsidio se establezca la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del Estado y, por cierto, se fije una multa proporcional a la gravedad de los hechos”.
“De esta forma -prosiguió- una vez fallada la condena que esperamos se dicte contra Kodama, esta empresa no podrá cambiar de nombre o razón social para volver a postular a obras públicas con Vivienda u otro ministerio. Es decir esta ley contempla una sanción efectiva contra quienes delinquen defraudando al Estado, evitando que la sanción sea letra muerta como ocurría antes, cuando las empresas cambiaban de razón social y volvían muchas veces a ser favorecidas con la asignación de fondos públicos para ejecutar obras”.
El parlamentario dijo que “no es posible -y así lo entendió la ley- que tras determinarse la xistencia de delitos como el de cohecho, al final del día solo pagaran algunos ejecutivos y a las empresas no les pasara nada. Además es difícil creer que los ejecutivos siempre actúen por su cuenta, sin consentimiento o conocimiento de la empresa”.
Navarro agregó que “además, esta solicitud que estamos haciendo al tribunal es perfectamente coherente con los manifestado por el Presidente Piñera cuando ha dicho que en este caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias, lo que por cierto implica a la empresa. Ahora esperamos que el informe de la Contraloría ratifique sustancialmente la denuncia que hemos hechos y los antecedentes que hemos aportado. No puede haber impunidad, cuando lo que se ha buscado es defraudar al Estado, en un ministerio de alta sensibilidad social dirigido a ayudar a los más pobres”.
Finalmente el legislador del MAS informó que solicitará al Fiscal Nacional Sabas Chahuán que el fiscal del caso, José Morales, pueda tener dedicación exclusiva a este caso, por el alto impacto y connotación que ha adquirido y por los millonarios recursos fiscales involucrados en los hechos investigados.
