Esto producto de la querella en su contra, por parte del Consejo de Defensa del Estado, por malversación de fondos públicos, cohecho y falsificación de instrumento público.
La primera acusación se origina por un viaje de esparcimiento a la comuna de Olmue, organizado por los apoderados y alumnos de un segundo medio del colegio El Tabo, en el mes de noviembre de 2013. Específicamente, al Centro turístico, Rosa Agustinas.
En esa ocasión, debido a que el costo del paseo, $ 899.000, era superior al monto reunido por padres y apoderados, $ 700.000, estos solicitaron al DAEM, Luis Díaz Soto, gestionar ayuda municipal para costear la diferencia faltante, este aceptó y fue así como la profesora jefe, Patricia González, entregó el monto reunido a Marcela Clavijo, encargada de adquisiciones del Depto. de Educación. El viaje se desarrolló sin ningún inconveniente.
Según esta acusación, posteriormente, Luis Díaz Soto habría solicitado se le entregara esta suma de dinero y el costo total del viaje habría sido costeado íntegramente con fondos municipales.
La segunda acusación se genera el año 2012 cuando Berbely Berrios Moraga, cuidadora del recinto vacacional, Quillaicillo, debió renovar su contrato a fines de ese año. En esa oportunidad, Luis Díaz Soto le habría exigido a la cuidadora, la necesidad de acreditar cuarto medio para la renovación de su contrato laboral. Ella solo tenía segundo medio. Ante este impasse, Luis Díaz le propuso a la funcionaria, obtener tercero y cuarto medio a través de un amigo suyo, en Quilpue, previo depósito de $ 300.000 a una determinada cuenta del banco Santander de una tercera involucrada.
La funcionaria Berrios accedió al trato, depositó la suma solicitada y posteriormente, Luis Díaz le habría entregado un certificado falsificado de estudios correspondiente al colegio “El Panal”, donde se acredita haber aprobado el segundo ciclo de educación media de adultos, con nota 5,3.
Con esta segunda acusación, según el Consejo de Defensa del Estado, se acreditaría el delito de cohecho y falsificación de instrumento público y con la primera, malversación de fondos públicos.
Nuestro medio entrevistó al alcalde Emilio Jorquera y este señaló que, con esta diligencia, el tribunal iniciaba una investigación al DAEM, aclarando que de comprobarse algún delito, este corresponde a actuaciones individuales y recordó que, en su momento, él, como alcalde, inició los sumarios correspondientes, de acuerdo a lo estipulado por Contraloría. “Ahora corresponde que las instituciones desarrollen su labor, manteniendo siempre la presunción de inocencia y solo resta esperar el resultado de esta investigación para determinar los pasos siguientes a seguir”, aseguró. LNT.
Redacción y publicación: Francisco Javier Larraín.
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