Esto a pesar de un dictamen de la Corte Suprema que ordenó abrir el paso el año 2014.
El año 2013, el vecino, Fernando Sagredo, quien tiene una propiedad más al norte y se le cobraba para poder llegar a ella, presentó un recurso de protección en contra del Seremi de Bienes Nacionales, argumentando que un camino de servidumbre, que incluso aparece en el plano regulador, estaba cerrado y se cobraba por pasar con vehículos.
Esta solicitud, en primera instancia, fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso pero, finalmente, fue aceptada por la Tercera Sala de la Corte Suprema, la que en octubre de 2014 ordenó sacar el portón. Esto a pesar de los recursos interpuestos por uno de los propietarios, Enrique Melkonián. Dos años después, en junio de 2016, un receptor judicial, con el apoyo de la fuerza pública, dio el cúmplase a este dictamen. El portón fue derribado y el acceso a las playas quedó de libre acceso.
En esa ocasión, el abogado patrocinante del señor Sagredo, Francisco Javier Errázuriz, explicó que ahora existe una resolución que tiene carácter ejecutoria, es decir, no puede ser modificada por ningún motivo, que ordenó retirar el portón para que nadie tuviese impedimento para pasar. También aclara que, de acuerdo al plano regulador de la comuna, este es un camino vecinal, público, que fue aprobado por un decreto y que hoy día tiene plena vigencia.
La sentencia, de fecha 07 de octubre de 2014, concluye lo siguiente:
“Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de catorce de julio de dos mil catorce, escrita a fojas 279, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 1 por Fernando Sagredo Arias, debiendo el recurrido, Enrique Javier Melkolian Flaño, en un plazo de quince días, quitar el portón instalado en el camino que sirve de único acceso a la propiedad del actor”.
Sin embargo, el iniciarse la época estival, a solo seis meses de esta resolución, nuevamente existe una barrera y, según denuncia de vecinos y turistas, estarían cobrando $ 2.000 por el paso de vehículos y $ 500 a los peatones.
Según los denunciantes, las personas encargadas de este cobro asegurarían tener permiso municipal. También denuncian actitudes prepotentes hacia quienes se niegan a pagar y habrían cortado el paso para impedir el ingreso de vehículos.
Por su parte, el concejal, Patricio Lagos, señaló que solicitará antecedentes en reunión de concejo municipal ya que le parece, al menos, extraño que esto suceda, habiendo un dictamen de la Corte Suprema que impide este cierre. En estos momentos se está averiguando si existe algún permiso municipal como Micro Empresa Familiar u otro. Esta noticia aún está en pleno desarrollo. LNT.