El dictamen Nro. 75.601 firmado por el propio Contralor General de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, fue dirigido a los distintos alcaldes del país solicitando información sobre el reciente paro de municipios que se prolongó por un mes.
El dictamen Nro. 75.601 firmado por el propio Contralor General de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, fue dirigido a los distintos alcaldes del país solicitando información sobre el reciente paro de municipios que se prolongó por un mes.
En el documento, Contraloría solicita información de los funcionarios que se mantuvieron en paro y sobre que medidas se adoptaron para asegurar la continuidad de los servicios municipales.
En el inédito documento, Contraloría solicitó a todos los alcaldes del país información respecto de los funcionarios municipales que participaron en el paro que se desarrolló entre octubre y noviembre para conseguir mejoras salariales. Se pide detalle del periodo no trabajado por cada funcionario.
Situación de pago de remuneraciones correspondiente al mes de octubre y noviembre, considerando los días no trabajados por el personal.
Todo con el fin de evaluar “las auditorías que correspondan”, luego de analizar “los datos consolidados a nivel nacional”.
La reacción de Contraloría sería producto de la solicitud del diputado UDI Cristián Letelier, quien a principios de noviembre pidió un pronunciamiento sobre la legalidad del paro municipal, aludiendo a que la Constitución prohíbe la paralización de actividades a los funcionarios públicos, como también el eventual “abandono de deberes” en que incurrirían los ediles al no tomar las acciones para asegurar la atención de los usuarios.
Sin embargo, el organismo contralor no reaccionó de la misma forma ante los funcionarios del Registro Civil quienes también mantuvieron una paralización de cerca de un mes que culminó, incluso, con un beneficio de un bono por término de conflicto, a diferencia de los funcionarios municipales. Esto último validaría la argumentación de los funcionarios municipales quienes denuncian ser considerados trabajadores de segunda categoría, dentro del sector público, tanto por sus remuneraciones (que aún no se homologan al resto de los empleados públicos) como por los beneficios en bonos por los Programas al mejoramiento de la gestión y previsionales.
Sin duda esta medida generará un conflicto a nivel nacional y se espera una pronta reacción , tanto de sectores políticos como de la Asociación de Funcionarios municipales, ASEMUCH. LNT
