Entrevista a abogado Alejandro Chaparro Uribe, publicada en la edición del 17 de Agosto, diario La Nación, Domingo.
Por Fernando Duarte / La Nación
El profesional que representa a los concejales de la Concertación en Huechuraba, Recoleta y Viña del Mar –por los casos de irregularidades detectados por la Contraloría en torno a la empresa GMA, ligada a la UDI– asegura que la única forma que tiene la oposición de usufructuar del Estado es a través de los municipios.
EL PERSEGUIDOR.- El abogado Chaparro señala que la fiscalización en los municipios de Huechuraba y Recoleta ha dado resultado gracias al trabajo coordinado de los concejales Gabriel Rodríguez (DC), Camila Benado (PS) y Sergio Escobar (PPD).
Pese a que ha tenido que aprender a dividir su tiempo entre sus dos hijos, su señora, las clases que imparte en la Universidad del Mar y sus constantes viajes entre Valparaíso y Santiago, Alejandro Chaparro está feliz.
Y es que este abogado, profesor de Historia y militante socialista de 36 años calificado por algunos como un "caza-udis" está haciendo lo que más le gusta: luchar cada día por hacer más transparente la política chilena, según él mismo reconoce. Muestra de ello es que se ha transformado en uno de los protagonistas de la batalla de varios concejales oficialistas que han denunciado actos de corrupción de municipios dirigidos por alcaldes de la Alianza.
-¿Quién fue el primero en contactarse con usted y cómo?
-Como militante del PS, algunos concejales me llamaron para trabajar en juicios de corrupción en municipios. El primero fue Jaime Bravo, de El Tabo, en 2006, quien me pidió que iniciara una investigación para fiscalizar al alcalde José Pérez. Hicimos una presentación ante el Tribunal Electoral Regional (TER) el 16 de abril de 2006, y ahí tuve mi primer acercamiento en torno a la actitud de la UDI para enfrentar este tipo de procesos.
-¿Cuál es la actitud de la que habla?
-He llegado a establecer que tienen un know how frente a estos juicios. Primero, utilizan el matonaje. En todas las comunas donde he tramitado causas han golpeado a los concejales, se han querellado contra ellos y les han robado cosas.
Por ejemplo, después de que logramos destituir al alcalde en El Tabo, tuvimos que desalojar a los funcionarios de confianza con carabineros, cuestión que jamás había sucedido en esa comuna. Esa fue la primera gran batalla que tuvimos con la UDI.
–Ahí se hizo popular entre los concejales de su sector.
-La segunda persona que me contactó fue la concejala de Hijuelas Catherine Urzúa (PS), con quien comenzamos a tramitar el juicio contra la alcaldesa Verónica Rossat (UDI). Luego me contactó Camila Benado, quien me pidió que asumiera la representación de los concejales de Huechuraba. Después vino lo de Recoleta y lo de Viña del Mar.
-¿Qué aspectos desconocidos de los expedientes de Recoleta y Huechuraba no se han publicado y cuáles le han llamado más la atención?
-Curiosamente, yo no he tenido acceso a la carpeta porque soy querellante por asociación ilícita, pero el fiscal me informó que a partir de la próxima semana la va a anexar a la de fraude al fisco, por lo tanto ahí accederé a la investigación.
Sin embargo, tengo entendido que hay funcionarios que recibieron instrucciones explícitas de las máximas autoridades de estos municipios, donde les señalaron: "Usted adjudíquele a esta persona tal contrato, porque de esa forma vamos a obtener tal cantidad de dinero para esta campaña". Ese es un hecho gravísimo.
-¿Le preocupa que el CDE no se haya hecho parte en las acciones legales en Huechuraba?
-Yo siempre he sostenido que las resoluciones de la Contraloría son tan potentes que el procedimiento judicial no tiene otro camino que no sea la formalización de la investigación y una eventual aceptación de la responsabilidad penal. Por eso no me extraña la actitud del Consejo de Defensa del Estado, que por ahora tomó la decisión de marginarse de una eventual querella. Pero creo que en definitiva no va a ser así, porque lo que están haciendo es esperar los resultados de la investigación que lleva el fiscal Ramírez para hacerse parte.
La bomba GMA
-¿Dónde se configura específicamente el delito de negociación incompatible en GMA?
-Este ocurre cuando existen funcionarios que están trabajando o prestando servicios para los municipios y a su vez son integrantes de GMA, que en este caso serían Jenny Acevedo, Octavio Azócar, Iñaki Busto e incluso el propio Gonzalo Cornejo. Y en ese caso puntual no porque él forme parte de GMA, sino porque él es miembro de otras sociedades que están vinculadas con gente que forma parte de GMA.
-¿Qué tan delicada es la acusación de que Cornejo le ordenó a su secretaria entregar sobres con dinero en efectivo a GMA?
-Es muy grave, pero además es coincidente con la denuncia que han formulado los concejales de Recoleta, al señalar que existe negociación incompatible.
-¿Qué cree usted que está buscando el fiscal José Manuel Ramírez? ¿Por qué no ha formalizado a nadie?
-El fiscal Ramírez se ha encontrado en Recoleta, a diferencia de lo que sucede en Huechuraba, con una serie de dificultades en su investigación. Muestra de ello es que ha tenido que realizar un conjunto de actuaciones y audiencias de entrampamiento que ha desarrollado la defensa. Con esto no estoy señalando que haya obstrucción a la justicia, sino que lo que ha hecho la defensa es desarrollar una tesis para dificultar, a través de buenos medios, la tesis que tiene el fiscal.
-¿Por qué cree que Ramírez volvió a citar a declarar la semana pasada a Cornejo?
-Y lo va a volver a citar muchas veces más, al igual que a Iñaki Busto, porque GMA es un caso bastante complejo que va involucrando distintos contratos y la participación de diversas personas.
–Si Carolina Plaza fuera reelecta, ¿cree que sería una derrota para usted y los concejales?
-Que sea reelecta significaría que la gente no se ha dado cuenta que se está luchando contra la corrupción que se ha instalado en estos municipios; por lo tanto, más que derrotado, me sentiría desilusionado.
-¿Cree que el caso GMA marca un antes y un después en cuanto a la corrupción en los municipios?
-Más que GMA, creo que hay un antes y un después de la llegada de Ramiro Mendoza a la Contraloría. Él ha jugado un papel determinante y el órgano fiscalizador que existe ahora es ciento por ciento distinto. GMA ha permitido entender, eso sí, cómo funciona la corrupción en la derecha, porque la corrupción de la Alianza es la corrupción del hambre.
La derecha no accede a la administración del Estado en forma democrática desde la elección del Presidente Alessandri. Entonces, después de estar 20 años lejos del poder, ellos tuvieron que elaborar maquinaciones para percibir, y esta gente lo que ha hecho es buscar una forma de usufructuar del Estado ¿Dónde? Desde el único lugar donde pueden hacerlo, los municipios. //LND
