José Miguel Carrasco (PDC), padre de la actual alcaldesa, Natalia Carrasco, y otras ocho personas son acusadas de tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta. La Fiscalía de San Antonio ha resuelto el pasado 31 de enero acusar al ex alcalde de El Quisco, José Miguel Carrasco y ocho personas más, por el delito de Fraude al Fisco y Falsificación y Uso Malicioso de Instrumento público en la tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta, con un perjuicio para el Estado de 1.700 millones de pesos.
La causa llevada por el Fiscal adjunto Ramón Espinosa, señala que debido a la gravedad de lo acontecido y a la participación de los acusados, la Fiscalía solicitará, en el Juicio oral, que se imponga a los involucrados una pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio. Además, se pedirá la inhabilitación absoluta y de por vida para ejercer cargos públicos y derechos políticos mientras dure la condena.
También se buscará que se condene al ex alcalde Carrasco y a las ocho personas con el pago de las costas de la causa, según lo señala el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.
De acuerdo a los antecedentes la Fiscalía solicitará a los Tribunales se notifique la acusación a todos los involucrados y fije la fecha para realizar la audiencia de preparación del juicio oral. Hecho que debería ser en el mes de marzo de 2013.
Antecedentes de los hechos.
Los 8 funcionarios son: José Fernando Ugalde, director del consultorio de El Quisco; Gabriel Naranjo, ex director de educación de dicha localidad; Miguel Ángel López, director de educación de San Antonio; Alberto Ramírez, ex director del Serviu; Yolanda Catalán, secretaria del edil; Víctor Elicer, Viviana Leocadia y Lorenzo Paredes.
Todo estos funcionarios, en conjunto con el ex alcalde están acusados de tramitar y obtener subsidios habitacionales de forma fraudulenta en la ejecución de los proyectos Villas Marina 1 y 2, y Villa Padre Eduardo Alvear.
Dichos conjuntos se realizaron con documentación falsa, que acreditaba que se cumplían con los requisitos necesarios y que los acusados certificaron como reales.
Entre dichas obligaciones, por ejemplo, se encuentra la que debe existir un colegio cerca del complejo, situación que fue certificada; sin embargo, no existe ningún establecimiento educacional en el sector.
Y así una serie certificaciones adulteradas que realizaron los imputados. Razón por la cual, el fiscal les ordenó firma mensual por 6 meses, periodo que dura la investigación.
Fuente: www.lavozdevalpo.cl
